Buenos Aires, 12 de diciembre (Télam, por Daniel Víctor Sosa).- El proyecto de ley de nuevo estatuto del peón rural apunta a corregir el desequilibrio entre un sector -el de los productores agropecuarios- que obtiene altísimas tasas de ganancia, y los trabajadores, a quienes no les llegó el beneficio de la renta extraordinaria.
Más de un millón de empleados y jornaleros del campo cobran hoy los salarios promedio más bajos de la actividad privada y padecen insólitas tasas de contrato en negro, superiores a 60% como promedio nacional.
Los bolsones de atraso, explotación laboral y regresiva distribución de la renta conviven así, en el sector agrario, con segmentos empresarios a los que el modelo vigente desde 2003, y los buenos precios externos, les permitieron desendeudarse primero e invertir después en innovación y modernización de los procesos productivos agrícolas y pecuarios.
“La notoria precarización laboral y la acentuada inestabilidad en el empleo es favorecida por la legislación especial (ley de facto 22.248, dictada en 1980, durante la dictadura de Jorge Videla), que cataloga como `no permanentes` a más de dos tercios de los trabajadores rurales”, explicó a Télam el subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz.
El nuevo estatuto, elevado por el gobierno nacional al Parlamento en junio de 2010 y ahora incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, busca “eliminar cualquier discriminación y recupera plenamente la libertad sindical y los derechos colectivos de autotutela", detalló Ruiz.
La iniciativa "asegura además el legítimo ejercicio del derecho de huelga y habilita la concertación de convenios colectivos de trabajo, en similares condiciones a las que se reconocen a los demás gremios”.
Como es natural, el proyecto mereció reparos de la Mesa de Enlace de dueños de tierras, sus aliados y voceros.
Sus defensores, en cambio, confían en la nueva herramienta contra el llamado “trabajo esclavo”, que en muchos casos implica la reducción a la servidumbre y la trata de personas con fines de explotación laboral.
También cambiará el sistema de retribución “al tanto” o “a destajo”, históricamente utilizado para explotar la mano de obra rural estacional y que, en la práctica, fomenta el trabajo familiar e infantil.
A modo de detalle, por el nuevo régimen se reconocerán a los peones los siguientes derechos:
- remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil;
- establecimiento de períodos y lugares de pago;
- prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal;
- bonificación por antigüedad;
- prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento;
- jornada de trabajo que no podrá exceder de 8 horas diarios y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas;
- reconocimiento de horas extras;
- descanso semanal;
- condiciones adecuadas de higiene y seguridad;
- Provisión de ropa de trabajo por parte del empleador;
- otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.
- prohibición del trabajo de menores de 16 años bajo cualquier modalidad.
- regulación del trabajo adolescente
- condiciones de vivienda digna.
Los empleadores, además deberán garantizar una alimentación de los trabajadores rurales sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen. Tendrán asimismo que suministrar agua apta para consumo humano, en cantidad y calidad suficiente; y proveer el traslado de los trabajadores contratados desde su alojamiento hasta el establecimiento, entre otros derechos reconocidos.
La meta es ambiciosa: que con la extensión y reconocimiento de derechos laborales las mega cosechas previstas para los próximos años dejen de producir más ricos y más pobres. (Télam)
dvs-fcy-jab 12/12/2011 16:59
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